EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA REGULAR LA ACTIVIDAD DE LOS INFLUENCERS

La pandemia declarada por la OMS a consecuencia del Coronavirus, propició un contexto en el cual muchos de nosotros pasamos gran parte del tiempo conectados a internet, ya sea con fines laborales, o de ocio.
A consecuencia de ello es que los medios digitales, plataformas, redes sociales, etc. han tomado mayor protagonismo en nuestra vida diaria, cumpliendo así un papel trascendental en nuestra cotidianidad, facilitando incluso el acceso a productos, bienes y servicios desde la comodidad del hogar, y permitiendo que los comerciantes y/o marcas comercialicen sus productos/ servicios sin la necesidad de contar con un espacio abierto al público.
Así es que el crecimiento exponencial del uso de dichas plataformas, ha propiciado las condiciones para la aparición de nuevos protagonistas: los llamados influencers (personas físicas o jurídicas que prestan servicios publicitarios digitales a través de sus redes sociales).
A consecuencia de ello es que surgió recientemente el Proyecto de Ley llamado “Régimen Legal para Influenciadores o Influencers”, planteando como objetivo principal regular la actividad del influencer, o influenciador, en la medida en que preste servicios publicitarios digitales en las redes .
Consideramos relevante la iniciativa de regular este tipo de actividades, toda vez que los influencers cuentan con la capacidad de movilizar, y/o formar opiniones y crear reacciones entre sus seguidores, generando que de esta forma se viralicen y difundan rápidamente los contenidos que publican, ya sean fotos, notas, videos, etc.
El proyecto entre otras cosas establece la definición de influencer / influenciador; publicidad digital; servicios de publicidad digital; y anunciante o beneficiario.
En su artículo 5 establece cuales son las practicas que permiten calificar de publicidad digital la actividad del influencer , a saber: unboxing ( cuando el influenciar comparta en redes el proceso de desempaquetar y/o revelar productos); sorteos y giveaway ; mostrar con relevancia, describir o etiquetar un producto en fotos; compartir imágenes de video donde se resalte una marca o se la etiquete ; y cualquier otra forma de promoción realizada a través de las redes sociales, siempre que para su ejecución exista una contraprestación entre el influenciador y el anunciante.
Respecto a los influencers que realicen servicios de publicidad digital que residan o se domicilien en otro Estado, también serán alcanzados por las disposiciones de esta ley cuando los servicios que ofrezcan se hagan mediante un establecimiento situado en Argentina
El proyecto, remarca la importancia de que toda publicidad digital realizada por influencers en las Redes Sociales deba respetar determinados principios, como ser: El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, genero, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; La protección de la juventud y de la infancia; La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual; y Todo otro derecho protegido por las leyes nacionales en la materia.
Otro punto importante del Proyecto es que toda publicidad digital realizada por influencers en las redes sociales deberá cumplir con los siguientes requisitos: Si obtiene algún rédito económico por esa publicación, debe comunicar de manera clara y visible que se trata de una publicidad digital y debe incluir una etiqueta que especifique esa situación con la siguiente leyenda: #PublicacionPaga.
Mencionar claramente a la persona física o jurídica anunciante o beneficiario de la publicidad digital y finalmente Identificar de manera clara todas las comunicaciones publicitarias digitales de productos que sean inconvenientes para niños, niñas y adolescentes.
Sin dudas este proyecto pone en alerta a los influenciadores quienes deberán, una vez sancionada la ley, ajustarse a ella en el desarrollo de su actividad, pero el punto que quizás más polémica genera entre ellos es el de la “remuneración”, ya que el proyecto establece que los influenciadores que resulten remunerados con el cobro de un monto en dinero, deberán estar inscriptos en a la AFIP como trabajador autónomo en condición de monotributista o de responsables inscriptos.
Este proyecto no solo establece las condiciones en las cuales deberá desarrollarse la actividad de los influencers, sino que prevé también las sanciones para aquellos que no cumplan con las prescripciones del mismo: Apercibimientos; Retiro del anuncio de la red social o cualquier otro medio digital de que se trate, pudiendo incluso ser requerido judicialmente por la Autoridad de Aplicación (“AA”); Rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; Multas por un valor equivalente a entre 10 y 1000 salarios mínimos vital y móvil, equivalentes al día de la fecha a $168.750 y $16.875.000, respectivamente.
Si bien en Argentina no hay concretamente en materia de publicidad una ley específica, existen numerosas normas que regulan la actividad publicitaria desde la Constitución Nacional, hasta diversas leyes nacionales como: la Ley Nacional 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual; Ley de Defensa del Consumidor y otras leyes que incluyen regulaciones sobre publicidad, directa e indirectamente, como: Ley de Marcas; Ley de Protección de los Datos Personales (Habeas Data);.
Se suman también como legislación supletoria los códigos de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.
Además de todo lo anterior, merece especial atención los códigos de ética y de autorregulación publicitaria que en Argentina rige para agencias adheridas, como el Código de Ética del Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP) que consiste en un sistema adoptado por la misma industria, con el objeto de preservar la ética profesional y la práctica de una publicidad responsable, el que en este contexto, ha presentado una guía sobre el uso de influencers en la comunicación comercial, donde pone a disposición pautas, y recomendaciones para la utilización de estas figuras.
Advertimos la importancia y la doble finalidad que tiene el proyecto, tanto en la búsqueda de mayor protección de los derechos de los consumidores, como en la necesidad de regular una actividad muy utilizada por marcas y comerciantes quienes a consecuencia de la pandemia han visto reducidos sus canales de venta pura y exclusivamente a los medios digitales / electrónicos..